Resumen: PRIMERO.- El demandante ejercita acción de reclamación de cantidad contra la compañía EDREAMS S.L.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que anula la resolución recurrida en lo relativo a la imposición, a la recurrente en la instancia, de una multa de 326.272 euros; y ello ante la imposibilidad de cuantificar la multa en los términos del artículo 63 de la Ley 15/2007, de 12 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). La imposibilidad de cuantificar se refiere al volumen de negocios de la mercantil recurrente del ejercicio anterior al año de imposición de la multa, por haber sido adquirida por otra empresa. Se estima el recurso de casación fijándose la jurisprudencia de que el criterio legal del "año inmediatamente anterior al de imposición de la sanción" que se emplea en las letras a, b y c del apartado 1 del artículo 63 LDC ha de entenderse referido al año inmediatamente anterior en el que la empresa infractora haya tenido actividad mercantil durante todo el ejercicio anual.
Resumen: La pretensión del demandante se articuló sobre un supuesto de modificación de condiciones de trabajo con vulneración de derechos fundamentales, del derecho a la libertad de expresión entre otros, solicitando, "se dicte sentencia declarando la nulidad -radical de la- medida empresarial, en virtud de la cual se modifica el centro de trabajo, funciones, jornada, horario, régimen de descansos y salario del trabajador, por ser contraria al ordenamiento jurídico y vulnerar derechos fundamentales, condenando a la empresa demandada a que deje de mantener dicha conducta con el demandante y a reponerlo en las mismas condiciones que tenía con anterioridad a la modificación, más el abono de la indemnización por daños morales, en la cantidad de seis mil doscientos cincuenta y un euros.La modificación contra la que se acciona es consecuencia del ejercicio de un derecho fundamental, así lo entiende el trabajador y así lo entiende la Juzgadora. El empresario se conforma con tal pronunciamiento y como consecuencia de ello, acepta que se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y no solo que ésta no está justificada sino que la justificación es el ejercicio de un derecho fundamental como del pronunciamiento de instancia así resulta.
